Venezuela: A tres meses del doble terremoto sigue ausente una respuesta centrada en derechos humanos

El 24 de junio de 2026, dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 grados sacudieron el norte de Venezuela y provocaron una de las catástrofes más graves registradas en el país en las últimas décadas. De acuerdo con cifras oficiales, se registraron 6,509 personas fallecidas y 60,785 viviendas impactadas que fueron evaluadas, de las cuales 11,001 fueron clasificadas de alto riesgo.

“A tres meses de estos eventos, queda una deuda hacia las personas damnificadas que debe saldarse enfocando la recuperación en sus derechos humanos y en su dignidad”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Los terremotos golpearon a una población que ya enfrentaba una emergencia humanitaria compleja, graves dificultades para acceder a derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la salud, la alimentación, la vivienda y el trabajo, así como una política de represión sistemática y generalizada que ha empujado a al menos el 25% de la población venezolana a huir del país desde 2015 en búsqueda de protección internacional.

Amnistía Internacional entrevistó a 21 personas directamente afectadas en Caracas y en La Guaira entre el 23 de julio y el 14 de agosto de 2026. Las personas entrevistadas mencionaron que la respuesta de las autoridades venezolanas fue tardía y poco coordinada. Fueron familiares y vecinos quienes removieron escombros con sus manos o con herramientas improvisadas mientras solicitaban maquinaria pesada, personal especializado y perros de búsqueda. También reportaron que, aunque hubo un amplio despliegue de cuerpos policiales, militares y de inteligencia, sus labores se enfocaron a la vigilancia y control territorial, en lugar de participar directamente en operaciones de rescate o localización de personas desaparecidas.

Falta de información y cifras que no coinciden

La información pública brindada por las autoridades venezolanas se ha caracterizado por la opacidad y falta de transparencia. Hasta ahora, no se han publicado cifras oficiales sobre personas desaparecidas, bajo el argumento de querer evitar especulaciones. La única estimación oficial la realizó el gobernador del estado La Guaira que ubicó la cifra en 1579 personas desaparecidas. Ante la ausencia de estos datos, iniciativas ciudadanas independientes han contabilizado más de 41,000 reportes de personas desaparecidas. A pesar de los valiosos esfuerzos, se han encontrado errores y duplicidad de nombres en estos registros, por lo que las cifras oficiales son esenciales.

También existen grandes diferencias entre los registros de personas fallecidas. El gobernador del estado La Guaira expresó que se estimaban 7,265 personas fallecidas, mientras que las cifras del gobierno nacional en su última actualización, el 24 de agosto, daban un total de 6,509 víctimas mortales por la tragedia.

Además, los datos disponibles no están desagregados por sexo, edad, ubicación u otras características esenciales, lo que impide identificar los impactos diferenciados de los terremotos y diseñar respuestas adecuadas para niñas y niños, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad y otras poblaciones que pueden requerir medidas específicas de protección y atención.

Familias obligadas a buscar por sus propios medios

Durante las entrevistas realizadas por Amnistía Internacional se reportó escaso acompañamiento institucional y falta de información sobre los mecanismos a los cuales acudir para conocer el paradero de sus familiares o las acciones emprendidas por las autoridades.

Las familias han realizado gestiones por su propia cuenta, en instituciones públicas, morgues, hospitales y edificios colapsados, han colocado carteles con fotografías de sus seres queridos en lugares estratégicos; como hospitales y refugios temporales; difundieron información en redes sociales y, junto con organizaciones de la sociedad civil, crearon bases de datos y plataformas digitales para intentar localizar a quienes siguen desaparecidos.

La incertidumbre de no saber si sus seres queridos están vivos, si sus cuerpos fueron recuperados o si podrán darles sepultura conforme a sus costumbres y creencias ha generado una profunda angustia.

Manejo de cuerpos y restos de personas fallecidas

También hay miles de víctimas fallecidas que no han sido identificadas y que siguen siendo procesadas en morgues improvisadas, sin protocolos claros y sin que sus familiares y seres queridos conozcan a qué autoridades dirigirse para buscar y recuperar sus cuerpos y/o restos.

Las personas entrevistadas que han buscado a sus familiares en Los Silos, un sector dentro del puerto de La Guaira que se asignó como morgue provisional, describieron procedimientos poco claros y la ausencia tanto de información centralizada sobre la búsqueda, recuperación e identificación, como de las herramientas disponibles al resultar necesarias pruebas genéticas u otros métodos de identificación.

Algunas señalaron que debían revisar en una tableta digital numerosas fotografías de cuerpos, varios de ellos irreconocibles, y que, en ciertos casos, intentaron identificar directamente cuerpos y restos en bolsas. Estos relatos plantean serias preocupaciones sobre la dignidad de los procedimientos y el acompañamiento ofrecido a las familias.

Una mujer que esperaba los resultados de una prueba de ADN señaló: “me dijeron que tenía que seguir esperando porque son muchos fallecidos y que me acuerde de la tragedia de Vargas [deslaves ocurridos en 1999] que todavía hay familiares que buscan a los desaparecidos, imagínese cómo me siento”. Otras personas dijeron que acudían varias veces por semana a Los Silos y a distintas instituciones con la esperanza de obtener información.

Adicionalmente, se resaltó la falta de apoyo psicológico durante estos procesos. Algunas personas manifestaron haber recibido los cuerpos de sus familiares incinerados, generándoles desconfianza sobre su identificación.

Pérdidas materiales y falta de soluciones duraderas

De acuerdo con cifras oficiales, al 5 de julio se reportaban 17,345 personas que habían perdido su vivienda. Algunas se alojaron con familiares o personas cercanas, otras acudieron a los refugios temporales establecidos por el gobierno y otras optaron por permanecer cerca de sus viviendas en carpas instaladas por cuenta propia.

Las autoridades implementaron un sistema de evaluación de daños mediante etiquetas rojas (se restringe su ingreso), amarillas (de uso moderado) y verdes (completamente habitables) en las fachadas de las viviendas. Las personas entrevistadas que fueron afectadas mencionaron haber sido incorporadas a censos oficiales y registradas, entre otros mecanismos, mediante el Sistema Patria, una plataforma digital oficial que administra y distribuye los programas sociales. Sin embargo, estas personas no contaban con suficiente claridad sobre el propósito y alcance de este procedimiento, los criterios utilizados para la asignación de viviendas, ni los plazos previstos para ofrecer soluciones habitacionales permanentes.

La falta de certeza sobre el carácter temporal o permanente de las soluciones habitacionales se suma a la pérdida de fuentes de ingreso. Las personas entrevistadas señalaron que la destrucción de lugares de trabajo y la reducción del turismo han limitado la capacidad de recuperación de numerosas familias.

Acceso discrecional para organizaciones de la sociedad civil a refugios temporales

La respuesta estatal incluyó la instalación de campamentos y refugios temporales en instalaciones educativas, deportivas y otros espacios públicos, pero el funcionamiento de estos espacios no ha sido estandarizado, dejando a las personas en incertidumbre al no existir protocolos específicos de su funcionamiento y no conocer fechas de cierre de los mismos.

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil reportaron a Amnistía Internacional la ausencia de un mecanismo único de acceso a los refugios para brindar asistencia humanitaria. Las autorizaciones variaban según el refugio y la relación de cada organización con las autoridades, lo que retrasó la atención en algunos lugares. También reportaron la falta de protocolos para atender a poblaciones en situación de vulnerabilidad, incluidas niñas y niños, así como una distribución descoordinada de la ayuda, al ser desproporcional los servicios y ayudas que se brindaban de un refugio temporal a otro.

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